jueves, 30 de diciembre de 2010

Tres menores tutelados por la CAM denuncian malos tratos

Tres menores tutelados por la Comunidad denuncian malos tratos
MADRID // OTRO ADOLESCENTE INTENTA SUICIDARSE EN EL CENTRO DE TUTELA PICÓN DEL JARAMA / Pablo Elorduy, Redacción
Miércoles, 7 de enero de 2009
La reciente hospitalización de un adolescente interno en un centro de menores, poco después del suicidio, aún sin aclarar, de un niño de 12 años en el mismo centro, pone de relieve la dureza de sus métodos.
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PROTESTAS EN EL IMMF. Desde el suicidio de Hamid se han producido varias concentraciones en la sede de Gran Vía.
David está ingresado en el Gregorio Marañón o, al menos, eso es lo que alguien del centro de tutela Picón del Jarama ha filtrado. David vivía en ese centro y hace unas semanas intentó quitarse la vida. Las abogadas y trabajadoras sociales, los miembros de la asamblea que publica la página www.centrosdemenores. com no saben mucho más. No saben si David tiene familia, si ésta ha pedido verle, ni tampoco qué le llevó a intentar suicidarse. Ni la Fundación O’Belén, gestora del centro en el que vivía, ni el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), responsables de su tutela, han dado información. La Comunidad de Madrid, de quien depende el Instituto, tampoco se ha pronunciado acerca de las circunstancias que llevaron a Hamid, un niño de 12 años, a suicidarse el pasado 2 de diciembre en este centro de Paracuellos (ver DIAGONAL nº 92). Señalan las fuentes consultadas que la familia de Hamid, que vive en Marruecos, aún no conoce el resultado de la autopsia llevada a cabo por el forense en Madrid.
La inhibición del IMMF
Entre los meses de noviembre y diciembre al menos tres internos en el centro Picón han enviado escritos al Área de Protección de Menores del IMMF para solicitar una cita con los técnicos que llevan sus expedientes. Las tres cartas, redactadas con el han optado por denunciar la situación, comienzan con una solicitud de información acerca de si existen órdenes judiciales que justifiquen su encierro y si la situación en la que viven –que ellos califican como privación de libertad– es el resultado de una orden administrativa. Asimismo, solicitan que se les informe acerca de las citaciones o causas judiciales que tengan pendientes, ya que, como ha explicado a DIAGONAL la trabajadora social Teresa Blasco, es una práctica habitual de los cuidadores amenazar a los menores con procesos que no existen, a pesar de que ningún niño de los centros de tutela está allí por una decisión judicial sino por encontrarse en situación de desamparo. En sus escritos, los menores también requieren información acerca de la cantidad y el tipo de fármacos que se les ha suministrado desde su ingreso en Picón. Finalmente, solicitan una copia del reglamento interno del centro ya que, como señalan en sus testimonios, las reglas cambian o se modifican sobre la marcha, en función del educador o del castigo que éstos quieran impartir.
Una de las cartas explica: “Mis compañeros y yo hemos sido castigados colectivamente por no saber a quién castigar individualmente”. Al cierre de esta edición, el IMMF no se ha puesto en contacto con ninguno de los tres menores que reclamaban su amparo. Dos de ellos han abandonado Picón del Jarama, uno por haber cumplido la mayoría de edad, y otro porque ha sido trasladado de centro.
Las denuncias
Una chica, que aún permanece en Picón, denunciaba en un escrito, con fecha de registro del 17 de noviembre: “Quiero hacer constar que en el centro de menores ‘Picón’ me encuentro privada de libertad. Sólo puedo acudir a lugares de estudio, trabajo u ocio si el personal del centro me lo permite. Si no, soy forzada a permanecer en el interior del recinto (…) En ocasiones se me ha sometido a confinamiento solitario, encerrándome durante 48 horas en una sala cuyo mobiliario es una cama y donde no se me permite leer, escuchar la radio, escribir o cualquier otra actividad recreativa (…) En el centro se me interviene la correspondencia y me han escuchado llamadas telefónicas (…) En repetidas ocasiones (por lo menos tres o cuatro veces) tanto vigilantes como educadores me han tirado al suelo y retorcido mis extremidades”. La menor explica que, en contra de la Ley, se encuentra sin trabajar ni estudiar: “En ocasiones me han suspendido el [tratamiento] farmacológico bruscamente, haciéndome tener síndrome de abstinencia (…) Cuando entré en el centro me quitaron la ropa y me obligaron a hacer sentadillas desnuda delante de una vigilante y una educadora (…) No he acudido a ninguna revisión ginecológica ni odontológica a pesar de haberlo solicitado (…) Me han castigado sin comer por llegar tarde (…) Como supuesta broma algunos educadores me amenazaron con darme una paliza”.
Los otros dos escritos abundan en lo mismo: los menores se preguntan el motivo de que el centro de tutela les haya privado de libertad y refieren casos de malos tratos físicos y psíquicos.
Como indica Blasco, en el IMMF “son perfectamente conscientes” de las denuncias de los menores; no sólo realizadas ante este organismo sino ante la Guardia Civil y la Policía Nacional. Por eso considera que, como responsable legal de los menores, el IMMF, que depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad, debería retirar su tutela al centro Picón.


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