jueves, 30 de diciembre de 2010

Así trata la Fundación O´Belen a los trabajadores (I)

Si algo caracteriza a la Fundación O´Belén (además del maltrato que sufren los menores en sus centros, claro está), es la precariedad laboral que sufren sus trabajadores (quizá así, además de aumentar el negocio, pretendan tener sumisos y "silenciosos" trabajadores). Esta "solidaria" Fundación muestra un profundo desprecio hacia los más básicos derechos laborales y sindicales. A continuación adjuntamos la noticia sobre el despido de varios de sus trabajadores del centro Els Estels a principios del año 2006, ya que éstos se negaron a firmar un compromiso que iba en contra de sus propios intereses como trabajadores.

ALICANTE
El centro de menores Els Estels admite el despido sin motivo de cinco educadores
La Fundación O'Belen indemniza a los profesionales destituidos tras no aceptar un acuerdo contra el convenio laboral
IRENE GENOVÉS/ALICANTE
No ha hecho falta ninguna demanda. La Fundación O'Belén, encargada de gestionar el centro de recepción de menores Els Estels, ha decidido indemnizar a cinco educadores destituidos el pasado mes de diciembre tras reconocer que fueron despedidos de forma improcedente. Según los afectados, la dirección aceptó todas sus reivindicaciones económicas en el acto de conciliación celebrado la semana pasada. De hecho, la cantidad ya estaba consignada en el juzgado desde principios de año.

El acto de conciliación se celebró el pasado jueves. En él, el director gerente de Els Estels se avino a pagar a cada uno de los educadores la indemnización fijada por los afectados: 45 días por año trabajado. De este modo, «la fundación reconoce que se nos despidió de forma improcedente, sin tener ningún problema con el gasto que esto suponga», explica Óscar Escribano, uno de los profesionales que se ha quedado sin trabajo.

Según Escribano, «en ningún momento nos han dado una explicación de por qué nos despiden», aunque los afectados «somos todos los que nos hemos negado a firmar un papel por el que renunciábamos a nuestros derechos como trabajadores, estipulados en el convenio laboral pactado».

Según el convenio pactado el pasado mes de julio con el sindicato, la jornada laboral de los educadores debía limitarse a 35 horas semanales. El acuerdo debía de empezar a aplicarse a partir del 1 de enero de este año.

Los educadores afectados, sin embargo, señalan que a finales de año la dirección del centro les pidió que firmaran un documento en el que se comprometían a trabajar 40 horas semanales, en contra del convenio. Todos los que se negaron «han sido despedidos de forma improcedente», explica Óscar Escribano. De hecho, la plantilla del centro «ha quedado reducida a la mitad».

En el documento, al que ha podido tener acceso este periódico, la dirección justifica la necesidad de realizar las 40 horas semanales «ante la imposibilidad, por razones técnicas, de poder cumplir con la jornada laboral máxima establecida en el convenio colectivo de aplicación». A cambio de ampliar el horario de trabajo ofrece la posibilidad de «poder disfrutar de 45 días de vacaciones anuales».

Renunciar a reclamar

Según el documento, la propuesta fue acordada en una reunión de trabajadores realizada en el centro el pasado 8 de noviembre. Los que suscribían el escrito, además, debían renunciar «a cualquier derecho o reclamación judicial o extrajudicial» que pudiera corresponder a los trabajadores.

A los educadores afectados, lo que más le preocupa en estos momentos es la repercusión que sus despidos puedan tener en los menores. De hecho, «éramos punto de referencia para ellos y ahora les han dicho que nos hemos ido porque tenemos otro trabajo o porque nos hemos cansado de ellos», afirma Carmen, otra de las profesionales indemnizadas.

Para Badra Benmimoun, una de las educadoras destituidas del centro, al indemnizarles ha quedado demostrado que fueron despedidos sin ningún motivo y no porque realizaran incorrectamente su trabajo. De hecho, todos los afectados «tenemos experiencia como educadores».

«Llevo trabajando cuatro años y medio como educador de menores en riesgo y nunca he tenido ningún problema», explica Escribano. Lo mismo le ocurre a Carmen, que ha trabajado toda su vida como maestra y tiene experiencia como voluntaria en varios centros.

Precisamente, uno de los problemas derivados de la privatización de los servicios sociales es que «se está contratando a gente no cualificada y que nunca ha tenido experiencia como educadores sociales», denuncian los afectados.


Fuente de la noticia, Diario La Verdad

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